De terror. Yulianny Hernández Peña (22), más conocida como "La flaca", quería ser una estrella del TikTok, pero tras las investigaciones de la policía, se descubrió que sometía a mujeres extranjeras a explotación sexual y violencia física.
De acuerdo a las investigaciones, Hernández operaba en complicidad con sus compatriotas criminales en su país natal, Venezuela. "La flaca" era considerada tan peligrosa como Wanda del Valle Bermúdez Viera (26), también conocida como ‘La bebecita del crimen’.
Ambas formaban parte de la banda 'Los Gallegos', una facción del 'Tren de Aragua', que cometía actos delictivos en la zona Lima Este. De acuerdo con los informes del Ministerio Público, "La faca", se encargaba de recibir el pago de los servicios sexuales proporcionados por sus víctimas, quienes estaban confinadas en las ‘casas de acogida’ ubicadas en diferentes partes de los distritos de Santa Anita y Ate.
TRATO INHUMANO
Dentro de estos lugares, Hernández desplegaba su abuso de poder, además de sus bailes sensuales al ritmo de reggaetón y extravagantes expresiones de riqueza. Mientras exhibía sus lujos y estilo de vida en redes sociales, sus víctimas soportaban condiciones cercanas a lo inhumano. “Para nosotras es una bruja, era una maldita. Nosotras no podíamos negarnos a nada. Hay dos chicas que les han sacado las uñas y una a la que le han disparado en el pie”, mencionó una de sus víctimas en un audio.
Así como lo revelado en este audio, también otros testimonios de maltrato y violencia ocurrieron llamando la atención de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que logró intervenir, rescatando a decenas de mujeres en tres diferentes operativos, logrando capturar a ‘La Flaca’ en uno de sus escondites en Santa Anita.
Durante el operativo, la policía confiscó pasaportes de las víctimas y cuadernos con una lista de nombres junto con los montos que cobraban. El fin de semana pasado, la justicia se puso en marcha cuando el Poder Judicial le ordenó 18 meses de prisión preventiva por los cargos de trata de personas agravada y explotación sexual de seis mujeres.
Según las pruebas presentadas en el expediente, las víctimas, originarias de Venezuela, fueron atraídas por falsas ofertas de trabajo. Una vez en Perú, se les obligó a trabajar en ‘plazas’ para pagar una "multa" a los delincuentes de hasta S/20 mil, justificada por los criminales como los costos incurridos para transportarlas, mantenerlas y equiparlas.
De acuerdo a las investigaciones, Hernández exigía a sus víctimas, pagos diarios de 150 soles y hasta 300 soles a la semana. Si no cumplían, la suma se duplicaba la semana siguiente, creando un círculo vicioso de explotación.
