La primera vicepresidenta Dina Boluarte ha sido incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre.
Según la abogada penalista, Romy Chang, la fiscalía señala a Boluarte que habría sabido que se pedía a funcionarios, que eran contratado bajo régimen CAS, un monto de 100 soles al mes como exigencia par renovar sus contratos.
En base al testimonio de un colaborador eficaz y a la nueva evidencia encontrada, el fiscal a cargo, Richard Rojas Gómez, indicó en su expediente que tanto la actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social como Braulio Grajeda, actual viceministro de gobernanza territorial de la PCM, abrieron una cuenta mancomunada en el BCP, donde recaudaron aportes ilícitos con el fin de pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
El colaborador eficaz también señaló que parte del dinero provendría del cobro de coimas y cupos de trabajadores de la dirección regional de Transportes y Comunicaciones de Junín.
'INTERÉS POLÍTICO'
Desde Ica, la vicepresidenta de la república, Boluarte, se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparación civil de Cerrón.
"Yo espero que detrás de esto no haya ningún interés político. Una cuenta mancomunada aperturada, fue requerida por el secretario general del partido por un tema de reparación civil y se recaudó 15 mil soles en el aporte de 104 personas totalmente licita yo no le veo por ningún lado, lavado de activos”, expresó Boluarte.
La fiscalía no descarta el posible origen sospechoso de la adquisición de bienes a nombre de Dina Boluarte como una vivienda en Surquillo y un auto. Asimismo, en el caso de Braulio Grajeda respecto a una vivienda suya en surco y un vehículo.
