Durante una reciente entrevista televisiva en 2025, la periodista Tatiana Alemán reunió a los alcaldes Mónica Tello (Pueblo Libre), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho) y Jesús Gálvez (Jesús María) para debatir la decisión del Ministerio del Interior de autorizar el uso de pistolas eléctricas por parte de los agentes de serenazgo. Aunque reconocen la intención del Gobierno de fortalecer la seguridad ciudadana, los burgomaestres coincidieron en que la medida carece de presupuesto, capacitación y sustento legal, lo que podría exponer a los serenos a mayores riesgos frente a la delincuencia armada.
Mónica Tello: “Nos siguen cargando competencias que son de la Policía”
La alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, saludó la norma, pero advirtió que su aplicación es inviable sin recursos asignados. “La ley está dada, pero viene sola. Nos siguen cargando a los alcaldes funciones que le corresponden a la Policía”, señaló, subrayando que la seguridad debe ser una labor conjunta entre los tres niveles del Estado.
Tello también expresó su preocupación por la demora en la implementación. “Si estamos en estado de emergencia, ¿por qué esperar 60 o 90 días para adquirir los equipos? Cuando lleguen, ya habrá un nuevo presidente”, cuestionó. Añadió que los municipios no están preparados presupuestalmente: “El Congreso debería aprobar recursos adicionales; estamos cerrando el año y no hay posibilidad de nuevas compras”.
Jesús Gálvez: “Prefiero comprar chalecos antibalas que pistolas eléctricas”
El alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, coincidió con su colega en que la disposición carece de sustento operativo. “No hay una base legal ni normativa. Si un sereno dispara y el delincuente muere, ¿quién asume la responsabilidad?”, cuestionó. A su juicio, la medida pone en riesgo al personal municipal: “Con solo sacar el arma, el sereno puede terminar con nueve balas encima”.
El burgomaestre enfatizó, además, que las municipalidades carecen de presupuesto inmediato para cumplir con la medida. “No hay forma de comprar las pistolas. Tenemos los fondos cerrados hasta diciembre. Y cada equipo cuesta alrededor de 1,800 soles, sin contar las cámaras corporales que deben acompañarlas”, sostuvo. Para él, el foco debe estar en normas efectivas y en fortalecer la justicia: “Nos preocupamos por pistolitas eléctricas y no por las leyes que deberían mantener a los delincuentes fuera de las calles”.
Jesús Maldonado: “Sí las compraremos, pero deben venir con entrenamiento”
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, fue el único que manifestó disposición para adquirir las pistolas eléctricas, aunque con condiciones. “Nosotros vamos a hacer el esfuerzo presupuestal para comprarlas, pero tienen que venir con capacitación. ¿Quién nos va a entrenar si la Policía Nacional no las usa?”, advirtió. Según explicó, cada distrito enfrenta realidades distintas: “En San Juan de Lurigancho, lidiamos con sicariato y extorsiones. El sereno cumple funciones de prevención, no de enfrentamiento”.
Maldonado recalcó que la lucha contra el crimen requiere una estrategia integral. “No se trata solo de equipamiento. Necesitamos un marco legal sólido, penales funcionales y presupuesto para jueces y fiscales. Si no fortalecemos esas áreas, todo lo que capturamos volverá a la calle”, señaló. También pidió simplificar los procesos burocráticos de compra: “Si estamos en emergencia, las municipalidades con recursos deberían poder adquirir el equipamiento sin trabas”.
Posiciones divididas ante una medida en desarrollo
Aunque los tres alcaldes reconocen la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana, advierten que dotar de armas no letales a los serenos no resolverá el problema de fondo. “Tiene que haber una estrategia real, no solo entregas simbólicas”, remarcó Tello. En tanto, Gálvez subrayó que el Gobierno debe actuar con resultados y no solo con anuncios. “Le dimos el voto de confianza al presidente José Jerí, pero seguimos viendo la misma lentitud”, expresó.
Maldonado, por su parte, destacó algunos avances en su distrito: “En muchas zonas ya no hay muertos. La fase de contención está funcionando, pero el descenso de la criminalidad aún tomará tiempo”. Sin embargo, todos coincidieron en que la Policía Nacional sigue siendo el actor principal en la lucha contra la delincuencia organizada, mientras las municipalidades deben enfocarse en la prevención urbana y la seguridad local.
