A dos semanas de la entrada en vigor del nuevo estado de emergencia en Lima y Callao, el presidente interino José Jerí anunció que su gestión prepara una actualización de las medidas de seguridad. Según indicó, el Ejecutivo evalúa ajustes “más severos” que serán presentados este viernes, tras un proceso de coordinación entre los ministerios e instituciones involucradas. Además, el mandatario ha solicitado al ministro del Interior, general (r) Vicente Tigüeso, y al comandante general de la Policía Nacional del Perú revisar las normas vigentes y derogar aquellas que resulten ineficientes en la lucha contra la criminalidad.
Planes fuera de contexto y sin presupuesto
Los expertos consultados advierten que los planes de seguridad ciudadana vigentes —la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y el plan Perú Seguro— han quedado desfasados frente a la realidad actual. Ambos documentos se enfocan en delitos como el hurto y el robo, cuando en los últimos años los mayores impactos provienen de la extorsión, el sicariato y el secuestro. Según el Ministerio del Interior, entre 2012 y 2024 se emitieron más de 1 800 planes de seguridad en distintos niveles de gobierno, pero sin resultados tangibles. La falta de presupuesto para implementar estos instrumentos también ha sido un obstáculo recurrente.
En esa línea, el propio presidente Jerí reconoció que el país requiere “planes que respondan a la realidad y no al escritorio”. Las cifras respaldan esa urgencia: mientras las denuncias por robo se redujeron de 100 762 en 2024 a 53 090 este año, las extorsiones alcanzaron su punto más alto en los últimos ocho años, con más de 23 000 denuncias solo en 2025. De ellas, apenas 11 personas han recibido una sentencia condenatoria, de acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La brecha entre las denuncias y las condenas evidencia una cadena de fallas que atraviesa todo el sistema de justicia penal. Analistas señalan que, para enfrentar al crimen organizado, no basta con detener a los cabecillas: se debe desmantelar la base económica de las bandas. En lugares como Gamarra, donde las mafias cobran cupos y amenazan a comerciantes, los vecinos aseguran que la presencia del Estado aún es insuficiente. Mientras tanto, la ciudadanía continúa esperando resultados concretos en las calles.
