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01/05/2025

Niños del delito: la otra cara de la inseguridad en el Perú

El uso de menores de 15 años en crímenes violentos crece en zonas vulnerables, donde el Estado está ausente y las bandas criminales reclutan sin obstáculos.




El reciente caso de un adolescente de 15 años, señalado como sicario de una banda criminal y presunto autor de al menos dos homicidios, ha vuelto a encender el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad en el Perú. Junto a él, otro menor de 14 años fue detenido portando un arma de fuego, evidenciando la preocupante participación de adolescentes en delitos cada vez más violentos. Estos jóvenes, captados por organizaciones delictivas, son utilizados como instrumentos para ejecutar crímenes, aprovechando la limitación legal que los exime de ser procesados penalmente como adultos.

¿Cárcel o rehabilitación? El dilema de la justicia juvenil

La legislación peruana establece que los menores de 16 años no son penalmente imputables, y los adolescentes de 16 y 17 años solo pueden ser juzgados por delitos graves tras una reciente reforma aprobada por el Congreso de la República. Sin embargo, la polémica persiste: ¿es adecuado castigar con cárcel común a adolescentes en lugar de ofrecerles oportunidades de reinserción? Mientras algunos sectores piden endurecer las penas para frenar la violencia, otros alertan sobre los peligros de convertir a estos jóvenes en criminales crónicos dentro de un sistema penitenciario saturado y violento.

Casos como el del menor capturado en San Juan de Lurigancho, que confesó sin aparente remordimiento su participación en asesinatos, demuestran una preocupante desensibilización frente a la violencia. Las autoridades han detectado un patrón: estos adolescentes son adoctrinados, armados y muchas veces descartados por las mismas bandas que los reclutan. La falta de políticas eficaces de prevención, educación y apoyo familiar agrava la situación, dejando a estos menores vulnerables al crimen organizado desde muy temprana edad.

Más allá de endurecer penas, el país enfrenta el reto urgente de reforzar sus sistemas de protección y prevención. Centros juveniles rehabilitadores, programas comunitarios, trabajo con familias y escuelas son pilares que no pueden seguir siendo relegados. Penalizar sin reinsertar no solo puede ser ineficaz, sino también contraproducente. El verdadero desafío es romper el ciclo de la violencia con educación, acompañamiento y oportunidades reales para estos jóvenes.


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