La reciente decisión del Poder Judicial de suspender el cobro del peaje en la garita de Conchán, en Lurín, ha sido calificada como problemática por el abogado constitucionalista Adrián Simons. El especialista cuestionó que un juez penal sea quien haya ordenado dicha suspensión, pese a que el contrato de concesión establece el arbitraje como único medio válido para resolver controversias.
Según explicó Simons, la medida judicial afecta directamente la eficacia del contrato suscrito con la concesionaria, lo que contraviene el artículo 62 de la Constitución. Este artículo protege los acuerdos contractuales y establece que solo deben resolverse por los mecanismos establecidos en ellos, es decir, vía arbitraje o proceso judicial, según lo pactado.
En este caso, señaló que el contrato de concesión firmado por el Estado peruano y la empresa concesionaria contempla exclusivamente el arbitraje internacional como la única vía para dirimir cualquier disputa. Por tanto, explicó que la intervención del fuero penal resulta improcedente y podría ser interpretada como una vulneración de compromisos asumidos por el Estado.
RIESGOS PARA EL PERÚ
“En mi opinión, se crea un riesgo para nuestro país con un nuevo arbitraje de inversión en contra del Perú, por la suspensión arbitraria y por una autoridad incompetente respecto a la vigencia y la eficacia del contrato de concesión, donde el tribunal arbitral tiene la competencia para determinar si el contrato es nulo o no es nulo”, sostuvo el experto en entrevista con el programa 2025 En 24 Horas.
