Mientras las calles se tiñen de sangre y el temor se apodera de los ciudadanos, en un intento por aliviar la situación, el Gobierno ha transferido a 14 municipalidades en emergencia una suma de 21 millones de soles destinados a la seguridad.
Sin embargo, estas transferencias, hechas a última hora, plantean un desafío casi imposible: ejecutarlas antes de fin de año. La falta de tiempo y de proveedores disponibles, junto con los feriados de Navidad y Año Nuevo, amenazan con dejar sin ejecutar la mayoría de los fondos.
DISTRITOS AFECTADOS POR LA CRIMINALIDAD
En el distrito de San Juan de Lurigancho, el más afectado por la criminalidad, el gobierno ha destinado poco más de un millón 900 mil soles. Sin embargo, el alcalde Jesús Maldonado advierte que el tiempo es insuficiente para realizar las compras necesarias.
Este escenario se repite en otras zonas, como Independencia, donde las autoridades se ven obligadas a priorizar la compra de equipos menores como indumentaria para el serenazgo, una medida que no aborda el problema de fondo.
El caso de San Martín de Porres también ilustra la parálisis administrativa. A pesar de ser declarado en emergencia, el gobierno recién envió fondos para la compra de patrulleros dos meses después, cuando ya era tarde.
