El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Juan Carlos Checkley Soria, evaluó la cuestión previa presentada por la defensa del vacado expresidente Pedro Castillo para anular las resoluciones del Congreso que declararon la vacancia presidencial y levantaron el antejuicio político como consecuencia del intento de golpe de Estado del último 7 de diciembre del 2022. Tras terminar la sesión, el juez anunciará su decisión en el plazo de ley.
Durante la audiencia, la Fiscalía y la Procuraduría sostuvieron que el procedimiento del Congreso fue adecuado en razón a que Castillo no podía ir a la Comisión Permanente a ejercer su defensa porque cuando fue detenido en flagrancia iba a la embajada de Mexico a aceptar el asilo político.
Por su parte, Pedro Castillo negó que hubiera tenido intenciones de fugar del país. Aseveró que no ha robado, ni matado, ni violado y que siempre tuvo la intención de responder por todo desde su país.
¿QUÉ SOLICITA CASTILLO?
El exmandatario busca anular la resolución del Congreso N.º 002-2022-2023-CR, con la que se le levantó la prerrogativa de antejuicio político sin llevarse a cabo el procedimiento de acusación constitucional. Castillo Terrones alega que los parlamentarios “no pueden dejar sin efecto el derecho a antejuicio político por encontrarse en flagrancia delictiva” y señala que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí se procesa por este mismo caso a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Otro requerimiento es dejar sin efecto la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que le impuso 18 meses de prisión preventiva; y el fallo de la Sala Penal Permanente que ratifica la decisión en primera instancia. El exjefe de Gobierno sostiene que la Sala Penal que preside el juez supremo César San Martín “no se pronunció sobre detención arbitraria ordenada por el director de Seguridad del Estado ya que al momento de su detención tenía la condición de presidente ni tampoco el Congreso había iniciado el proceso de antejuicio político”.
Bajo este argumento, José Pedro Castillo Terrones busca que se declare nulo todo el proceso penal “hasta la fase de instrucción (investigación preparatoria)” y se ordene su libertad de manera inmediata.
Asimismo, pide a la justicia constitucional que se formule una denuncia penal contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el director de Seguridad del Estado de la PNP, el general PNP Iván Lizzetti Salazar, y los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la supuesta detención arbitraria tras el último mensaje a la Nación.
