La prisión preventiva es una medida frecuentemente utilizada por diversos países del continente, entre los que figura el Perú. Sin embargo, muchas veces la privación de la libertad individual no siempre es el camino idóneo para el proceso, tal y como lo explica la analista Elizabeth Zea.
“Parece ser el castigo favorito que pide la sociedad a los jueces para que se aplique o se imponga a una persona que está siendo investigada por presuntos actos de corrupción, por lo que parece responder más a un clamor popular que a su propia naturaleza que es la de una medida excepcional y cautelar y no punitiva”.
Frente a esta situación que se presenta en varias naciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre del 2017, publicó una recomendación y medidas alternativas para reducir la aplicación de la prisión preventiva.
Según narró Zea, esto “debido a la proliferación indiscriminada de la aplicación de esta medida y que no responde a esta crisis penitenciaria que se está dando en las Américas, por lo que se entiende que en toda sociedad democrática como el Perú debe respetarse ante todo el derecho fundamental al debido proceso”.